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Señor Director:
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Dos académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile han defendido una igualdad de trato entre las universidades estatales y las universidades privadas complejas, recurriendo a argumentos muy conocidos: lo público no sería patrimonio exclusivo de las instituciones estatales y un sistema competitivo es más eficiente para asignar recursos para la investigación.
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Aunque uno pudiera, en principio, estar de acuerdo con ambos argumentos, debemos hacer todas las precisiones necesarias para construir un modelo universitario robusto y moderno, pero también más justo. En primer lugar, la ciudadanía tiene todo el derecho a cuestionarse si las universidades privadas están dispuestas a someterse a las mismas restricciones que las universidades del Estado; en especial, a aceptar la fiscalización de la Contraloría y un modelo de gestión administrativa y laboral sujeto a severas limitaciones.
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En segundo lugar, debemos preguntarnos si los centros privados respetarán el sentido público de la universidad; en particular, el pluralismo ideológico, la democracia como forma de gobierno y la carrera académica. Si observamos, por ejemplo, las últimas declaraciones del rector de la PUC, no parece que las universidades privadas estén dispuestas a aceptar las exigencias que supone reconocerse como una institución pública. Nuevamente, no se estaría exigiendo una igualdad de trato, sino un sistema de privilegios.
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Por último, las cartas no distinguen el financiamiento basal del concursable. Respecto de este último, no habría problema que una parte relevante de la investigación se costee con cargo a un sistema competitivo abierto a todas las instituciones, pero para acceder al financiamiento basal una universidad debería someterse al régimen propio de lo público. Cumplidas todas las condiciones señaladas podría haber igualdad de trato. Con todo, sigue en el aire una pregunta persistente: ¿cuántas universidades privadas están dispuestas a someterse a todas esas restricciones?
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Luis Villavicencio Miranda
Universidad de Valparaíso
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Dos académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile han defendido una igualdad de trato entre las universidades estatales y las universidades privadas complejas, recurriendo a argumentos muy conocidos: lo público no sería patrimonio exclusivo de las instituciones estatales y un sistema competitivo es más eficiente para asignar recursos para la investigación.
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Aunque uno pudiera, en principio, estar de acuerdo con ambos argumentos, debemos hacer todas las precisiones necesarias para construir un modelo universitario robusto y moderno, pero también más justo. En primer lugar, la ciudadanía tiene todo el derecho a cuestionarse si las universidades privadas están dispuestas a someterse a las mismas restricciones que las universidades del Estado; en especial, a aceptar la fiscalización de la Contraloría y un modelo de gestión administrativa y laboral sujeto a severas limitaciones.
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En segundo lugar, debemos preguntarnos si los centros privados respetarán el sentido público de la universidad; en particular, el pluralismo ideológico, la democracia como forma de gobierno y la carrera académica. Si observamos, por ejemplo, las últimas declaraciones del rector de la PUC, no parece que las universidades privadas estén dispuestas a aceptar las exigencias que supone reconocerse como una institución pública. Nuevamente, no se estaría exigiendo una igualdad de trato, sino un sistema de privilegios.
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Por último, las cartas no distinguen el financiamiento basal del concursable. Respecto de este último, no habría problema que una parte relevante de la investigación se costee con cargo a un sistema competitivo abierto a todas las instituciones, pero para acceder al financiamiento basal una universidad debería someterse al régimen propio de lo público. Cumplidas todas las condiciones señaladas podría haber igualdad de trato. Con todo, sigue en el aire una pregunta persistente: ¿cuántas universidades privadas están dispuestas a someterse a todas esas restricciones?
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Luis Villavicencio Miranda
Universidad de Valparaíso
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