El sueño de la calidad de la educación pública : Victor Pérez, ex rector U. Ch.

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Víctor Pérez: "Todos los informes y estudios internacionales concluyen que la educación pública chilena es de mala calidad. Es decir, el Estado no cumple con su obligación y responsabilidad, a pesar de la abnegación y compromiso de los maestros...".

La última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) demostró algo que todos los educadores sabemos desde hace años: la educación de calidad es el principal sueño de cualquier padre y madre para sus hijos e hijas. Este sueño es transversal, pero tiene un dramático sentido de urgencia en las familias más pobres: si sus hijos e hijas no logran una educación pública de calidad, seguirán condenados a ser pobres, marginados, excluidos y víctimas de la inequidad.

Todos los informes y estudios internacionales concluyen que la educación pública chilena es de mala calidad. Es decir, el Estado no cumple con su obligación y responsabilidad, a pesar de la abnegación y compromiso de los maestros. La realidad es que las familias más pobres y sin oportunidades, y también muchas de ingresos medios de la población, no necesitan informes o estudios que les confirmen la realidad: luego de años en colegios públicos, sus hijos e hijas no saben leer bien, no comprenden bien lo que llegan a leer, no manejan las operaciones aritméticas básicas, y no han recibido los estímulos adecuados para su desarrollo cognitivo, valorativo, social, afectivo y recreativo, necesarios para su desarrollo integral como personas. Y ellos, pero especialmente las madres, se preguntan con angustia:  ¿Así, qué futuro tiene mi hijo?

El Estado debe demostrarles a las familias que ofrece una educación pública de calidad, lo que no ha sido capaz de hacer y, lo que es peor, pareciera no saber bien cómo hacerlo.

El Estado debe comprometerse formalmente a mejorar la calidad de la educación pública, como una estrategia nacional prioritaria. Pero esta vez la ciudadanía exige más: el Estado debe explicitar, como en una fotografía de término, los objetivos, las metas concretas y medibles, y el conjunto coherente de acciones específicas con los que quiere mejorar la calidad de la educación pública, así como los plazos en que se alcanzarán esas metas. Las familias tienen el derecho a exigir de sus autoridades políticas el cumplimiento de las metas de mejoramiento de la calidad de la educación pública, y a evaluar de manera objetiva el resultado de ellas, pues sus hijos e hijas, sobre todo los más pobres, no pueden seguir esperando nuevos proyectos fallidos y nuevas explicaciones que no les devuelven las oportunidades ni las esperanzas perdidas para siempre.

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