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¿¿ UNA GRAN MENTIRA O UNA GRAN TRAICIÓN ??.
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En la mañana del 23 de abril de 2014, el rector René Leal se paró frente a alumnos, profesores y funcionarios de la Universidad de las Artes y Ciencias Sociales ARCIS, y aseguró que todo lo que se decía era mentira.
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Era la inauguración del año académico y unos 300 funcionarios llevaban tres meses con sus imposiciones impagas. Juan Aramayo, vicerrector de Gestión y Finanzas, había sido despedido por el directorio sólo días antes. Le habían “retirado la confianza”, decía el comunicado.
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Luego, siete directivos dejaron sus cargos. Uno de ellos fue el secretario general, el periodista Mauricio Weibel, quien denunció irregularidades y un desorden financiero que había provocado un déficit operacional anual cercano a $3.500 millones. La situación era crítica.
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En algunos círculos se decía que la universidad no sobreviviría; que repetiría la experiencia de la Universidad del Mar, hoy en quiebra y con un decreto de cierre a cuestas.
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La inauguración del año académico era el momento para aplacar la incertidumbre de una comunidad de unos 3.000 estudiantes, 500 profesores y alrededor de 300 trabajadores. .
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También la oportunidad para explicarles lo que venía después de que el Partido Comunista dejara de ser el controlador de la universidad. Dos entidades ligadas al PC –ONG ICAL y Ediciones ICAL limitada- abandonaron en diciembre la estructura que dirigía la universidad.
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René Leal
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Uno de los directivos renunciados señaló a CIPER que, tras la salida de las dos entidades, se revisaron los documentos contables y se descubrió que la universidad no contaba con centros de costos, por lo que no se sabía el detalle de ingresos y gastos en sus distintas unidades; que los balances y estados financieros se completaban con la contabilidad de ingresos por adelantado para presentar resultados positivos; que el descontrol interno permitió que cada año aumentaran la planta de funcionarios y, con ello, el déficit operacional, y que al menos el 70% de los $7.000 millones de activos circulantes declarados correspondía a deudas incobrables.
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El rector René Leal nada dijo de todo eso en su discurso. Sólo reconoció que la situación era “compleja, pero superable en la medida que todos hagamos la pega”. También dijo que la universidad seguía siendo viable y que, si todos se mantenían unidos para enfrentar un nuevo proceso de acreditación, serían “invencibles” (ver discurso completo).
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Lo que pasó en los siguientes tres meses y medio sólo agravó la crisis debido al desarme de la estructura de control y propiedad que manejaban hasta diciembre pasado la ONG Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL) y la sociedad Ediciones ICAL Ltda., ambas estrechamente vinculadas al PC.
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Sólo días después del discurso de Leal, 336 funcionarios de la ARCIS no recibieron el pago de sus sueldos ni de sus imposiciones y varios trabajadores a honorarios se quedaron sin su devolución de impuestos.
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Comenzaba mayo y el Sindicato Nº1 de Trabajadores y Académicos daba inicio a una huelga a la que se sumaron estudiantes de unas diez carreras y que duraría todo ese mes. La universidad estaba paralizada.
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El Ministerio de Educación (Mineduc) abrió una investigación sobre su débil situación económica, ante el riesgo de que deje de funcionar. La fiscalización se inició en los precisos momentos en que comenzaba a discutirse la reforma para crear el “administrador provisional”, un interventor de establecimientos educacionales que entren en crisis terminal y cuyo principal objetivo será resguardar los derechos de los alumnos y sus familias. Con la legislación actual, los jóvenes quedan a la deriva y endeudados, como aconteció con los cerca de 18 mil estudiantes de la Universidad del Mar.
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Para pagar a su personal, las autoridades de la ARCIS hicieron gestiones con bancos y usaron unos $1.720 millones provenientes del Crédito con Aval del Estado (CAE) ingresados a comienzos de junio. Aquello no fue más que la calma que precede a la tormenta.
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El segundo semestre se inició este lunes 11 de agosto y profesores y funcionarios están nuevamente en paro. Sus remuneraciones de julio no se cancelaron. Tras cuatro semanas con licencia médica, el rector René Leal renunció.
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También se fueron el vicerrector Académico, Jorge Figueroa, y el vicerrector de Aseguramiento de la Calidad, Iván Atencio. Este último lideraba el proceso de certificación ante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), gestión clave para seguir contando con los millones del CAE.
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Como la ARCIS ha pedido una prórroga en ese proceso, lo más probable es que la decisión de la CNA se conozca el próximo año, por lo que los alumnos que se matriculen este verano no podrán optar al CAE y en 2015 la universidad no contará con su principal vía de financiamiento.
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En el plano académico la crisis se grafica en un número no determinado de profesores que frente a la inestabilidad han optado por irse, interrumpiendo los programas y cursos. Ante ello, un grupo de alumnos presentó un recurso de protección contra la universidad, argumentando que lo sucedido afecta “la valoración de nuestros títulos en una universidad que parece no importarle el prestigio institucional ni el valor de sus estudiantes”.
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Poco queda en la ARCIS de la estructura que el PC construyó en 2004 junto al empresario y ex miembro del MIR, Max Marambio, y que controló la universidad a través de la sociedad comercial Inversiones e Inmobiliaria Libertad S.A.
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La versión oficial es que la salida del PC fue una decisión política: si el partido quería ser parte de la Nueva Mayoría e impulsar la reforma educacional, no podía tener una universidad. Menos haber lucrado con ella, como lo demuestra esta investigación.
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CIPER revisó centenares de escrituras, contratos y actas en distintas notarías y en el Archivo Judicial, consiguió documentos en el extranjero y entrevistó a personajes clave para desentrañar el diseño, puesta en marcha, auge y caída de un modelo de negocios del que hasta hoy se sabía muy poco: el de un partido político involucrado en la propiedad de una universidad.
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Esta es una historia de traspasos de propiedades, contratos de arriendos, disputas políticas, la caída en desgracia en Cuba de uno de sus inversionistas y cerca de US$13 millones transferidos desde Venezuela en partidas aprobadas por el difunto presidente Hugo Chávez.
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Así fue cómo los “socios estratégicos” compraron en 2004 la Universidad ARCIS por $1.600 millones y nueve años después la dejaron con un déficit que supera esa cifra en casi $200 millones.
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“LA MÁS PÚBLICA DE LAS PRIVADAS”
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En junio pasado el actual asesor de los ministros del Interior y de Educación, Juan Andrés Lagos, aún era secretario general del PC. En esa calidad aseguró a La Tercera que su partido no obtuvo ni un peso de la ARCIS y que, por el contrario, perdió dinero.
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Lagos, ex presidente del directorio de la ARCIS, también dijo que cuando los comunistas se retiraron del control, en diciembre de 2013, “no estábamos con la idea de que la universidad reventara en dos meses”.
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En todo caso, sabían perfectamente la situación precaria en que quedaría: un informe financiero solicitado el mismo 2013 a la consultora Entrepuertos por el directorio de la universidad, cuando Lagos lo presidía, confirmó un déficit operacional anual de $1.790 millones, una deuda bancaria por $6.780 millones, $5.000 millones en deudas incobrables y una imagen pública que “ha caído en un estado de mediocridad”.
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Los consultores incluyeron una propuesta para revertir la situación. “Volver a los orígenes” la llamaron, apelando a la concepción de sus fundadores: “La más pública de las universidades privadas”. La historia de la universidad comenzó en 1982, cuando partió como Instituto Superior de Ciencias Humanas, Comunicación y Diseño. En 1984 pasó a llamarse Instituto Superior de Arte y Ciencias Sociales ARCIS.
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El proyecto, en plena dictadura, pretendía convertirse en alternativa para estudiantes y académicos de izquierda.
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Juan Andrés Lagos
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Una semana antes del plebiscito de 1988, un grupo de sus fundadores compuesto por Luis Torres Acuña, Franex Vera Hermosilla y Michael Weiss Egner, creó la Sociedad Educacional ARCIS Ltda., que asumió el control del instituto.
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Un año después, Torres se asociaría con Pedro Domancic, José María Bulnes y otras ocho personas para dar vida a la Corporación Universidad ARCIS (vea sus estatutos originales), una entidad sin fines de lucro que absorbió a la sociedad de Torres, Vera y Weiss.
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Esa fusión fue, en los hechos, la primera compra de la universidad: según el contrato firmado en septiembre de 1990, la corporación asumió los activos y pasivos de la sociedad, los contratos de su personal y sus actividades académicas. Todo a cambio de una renta vitalicia para los tres socios originales equivalente al 2% de sus ingresos anuales.
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¿ Y estos señores y señoritas diputados del PC se atreven a dictar cátedra de ética pública en nuestro país ?
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